1.200 € de multa por no poner los carteles en catalán [:roto2: inside]

No existe una definición conocida de lengua propia que permita distinguirla por ejemplo de lengua vernácula. Suelen ser definiciones políticas realizadas ad hoc, como la de Declaración de la Unesco que, pese a ser apoyada por el Gobierno español, su definición no se corresponde con la realidad lingüística española[cita requerida] ni con lo que realmente implementan los textos legales autonómicos. En términos puramente funcionales, lo único que permite distinguir a la «lengua propia» es la capacidad de legitimar políticas institucionales favorables a las lenguas así calificadas.[cita requerida] Estas políticas variarán en intensidad en unos sitios u otros.

Los partidarios del modelo monolingüe en catalán, a partir del II Congreso Internacional de la Lengua Catalana (1986), dieron carta de naturaleza al concepto lengua propia, como forma de resolver el conflicto y recuperarse del estatus desfavorable que ellos atribuyen a la considerada como lengua propia frente a las que no lo son.[10] Para esta postura el bilingüismo siempre es una situación transitoria de sustitución de la lengua propia, por lo que, a su juicio, deben arbitrarse medidas de discriminación positiva que inviertan el proceso.[11] En general, esta ha acabado siendo la postura predominante dentro de la sociolingüística catalana y valenciana y se plasmó en el Manifiesto «Per a un nou estatut social de la llengua catalana»[12] (1997), respaldado por numerosas figuras y que reivindicaba «la oficialidad única» para la lengua catalana aportando como principal argumento que es la «lengua propia».

Por el otro lado, el concepto encontró críticas desde muy pronto. La primera crítica pública al concepto de «lengua propia» y a sus consecuencias probablemente fue el Manifiesto de los 2.300 (1981). Posteriormente, hubo filólogos que se mostraron también muy críticos, como Gregorio Salvador,[13] y también lingüistas vascos y catalanes como Jon Juaristi,[14] Xavier Pericay,[15] Ferran Toutain o, más recientemente, Irene Lozano.[16] También el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras se ha referido en términos muy críticos.[17] Especialmente reseñable para fijar estas posiciones fue el Manifiesto del Foro Babel.[18] Todos ellos, con diversos matices, han elaborado la crítica al concepto. En general, todos ellos coinciden en que la expresión «lengua propia» sugiere a los hablantes que su opción va más allá de la decisión personal de hablar una u otra lengua —algo que la ley garantiza—, y que esa decisión lleva implícita su adhesión a un proyecto identitario. Siempre según estos autores, «lengua propia» constituiría una categoría ideológica, no científica, que no tendría consistencia empírica fuera del ideario nacionalista. En el uso dado a este término en la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón, teniendo en cuenta lo manifestado por algunas opiniones,[8] esta denominación podría suponer un subterfugio para evitar la declaración expresa como lengua oficial.