El gobierno Nazi de Cataluña ataca a sus ciudadanos castellano-hablantes

«Las denuncias que han llegado a la Agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable, hecho que denuesta una creciente sensibilización de los ciudadanos», indica este organismo, dependiente del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, que dirige el republicano Josep Huguet.

Para facilitar la interposición de estas quejas, la Generalitat no cuenta sólo con la Agencia, también ha puesto en marcha las llamadas Oficinas de Garantías Lingüísticas, que reciben las denuncias «por teléfono, por correo electrónico, por fax, por escrito y personalmente» y «garantizan la confidencialidad».

Actualmente, existen cinco oficinas en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, que se inauguraron el pasado mes de febrero.Sin embargo, la mayoría de las denuncias se concentran en la capital catalana.

Consumo y estas oficinas han recibido conjuntamente 928 reclamaciones en los seis primeros meses de este año. Esta cifra supera al total de las presentadas en el conjunto del año pasado: 797.Las denuncias presentadas hasta junio doblan el número de quejas que se interpusieron en años anteriores. En 2002, la Generalitat recibió 505 reclamaciones y en 2003 la cifra se elevó a 783.

La presentación de este tipo de reclamaciones tiene consecuencias administrativas. Al recibirlas, la Generalitat pone en marcha a su servicio de inspección y, si lo considera oportuno, abre el correspondiente expediente sancionador que puede culminar con una multa.

Además, Consumo también realiza inspecciones por su cuenta con campañas dirigidas a controlar el correcto uso de la normativa lingüística en diversos sectores económicos. Entre los años 2002 y abril de 2005, la consejería -que cuenta con 40 inspectores dedicados a controlar las buenas prácticas lingüísticas- ha iniciado 1.753 procedimientos inspectores a través de estas campañas y otros 457 a raíz de las denuncias de los ciudadanos, lo que suma un total de 2.210.

La actividad de este cuerpo de inspección se ha incrementado de forma considerable en el último año. En 2003, se realizaron 241 actuaciones y en 2004, 1.102 con un alza del 400%. En el primer trimestre de este ejercicio ya se han puesto en marcha 284 inspecciones.

Una sociedad, aparentemente, moderna y avanzada como la catalana asiste en silencio -con meritorias excepciones- a un vasto proceso de conculcación de la libertad personal, que recuerda a la dictadura benévola que describiera Alexis de Tocqueville, compatible con los formalismos democráticos.
Todo se hace en nombre del nacionalismo, convertido en una especie de pulsión pseudorreligiosa.
La libertad de enseñanza ha desaparecido de hecho del modelo educativo catalán. Los padres han visto expropiado, por la Generalitat, su derecho a decidir sobre la educación de sus hijos.
La excusa, sin duda, es la imposición del idioma catalán, dentro del proyecto global secesionista, mas la consecuencia es que el poder político catalán no hace otra cosa que avanzar desbocado por la senda del despotismo.
Y no es cuestión menor que los principios legales generales -empezando por la Constitución y el Estatuto vigente- son soslayados por la Administración autonómica. Si la Generalitat es Estado, lo es como invasor de la esfera privada y como depredador de la sociedad civil. El nuevo Estatuto no hace otra cosa que empeorar las cosas con un intervencionismo salvaje.
NI ASIGNATURA DE CASTELLANO
Al margen de cualquier principio legal y del derecho de las personas, la Generalitat ha universalizado la inmersión lingüística. De los formularios de preinscripción y matrícula del alumnado se ha eliminado la casilla en la que se interrogaba sobre la lengua habitual.
No hay capacidad de elección. Ni tan siquiera se ofrece de manera formal. Toda la enseñanza es en catalán. Ni tan siquiera existe asignatura de castellano, como se refleja en el horario escolar que se reproduce. A pesar de que, de manera retórica, se establece que nadie podrá ser discriminado por cuestiones lingüísticas, tal criterio es papel mojado.
La Generalitat tiene en marcha un vasto proceso de ingeniería social para pasar del bilingüismo al monolingüismo. Se trata de una auténtica limpieza lingüística de raíz nítidamente totalitaria.
¿Hay protestas?
Según fuentes docentes, “los padres tienen miedo a represalias, sobre todo por sus hijos”. El trato que la Administración ofrece es el propio de las tiranías totalitarias a los disidentes.
Hace unos años, la respuesta de la Generalitat era ofrecer “atención personalizada” al osado castellanoparlante. Es decir, segregarle, aislarle. “Al final, terminaba en educación especial”.
Ahora no existe posibilidad alguna. “Son precisos meses de preparación psicológica para que un padre denuncie”, señalan fuentes educativas.
EPOCA ha tenido acceso a la demanda de un padre, quien denuncia que no le ha sido facilitado impreso oficial de preinscripción en el que se incluya la pregunta sobre la lengua habitual de su hijo, y solicita que la enseñanza primaria le sea dada en castellano y que, al menos, se le imparta la asignatura obligatoria de castellano.
A pesar de que se trata de un padre que “está dispuesto a llegar hasta el final”, se nos establece la condición de “no facilitar su nombre”. Se entiende su postura a la vista de la contestación del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, llena de eufemismos y de prepotencia.
Por de pronto, contesta que la obligación de que la enseñanza primaria sea en la lengua habitual “no establece obligación de realizar una prestación concreta”.
Eso implicaría “dejar en manos de los administrados la posibilidad de reclamar a la Administración cualquier tipo de prestación personal, lo cual es de todo punto inaceptable”. El Departamento de Educación llega a decir que el castellano se imparte a través de las “estructuras comunes: talleres, juegos dirigidos y educación física”.
La solicitud, por supuesto, es denegada.

INMERSIÓN EN ARANES
EPOCA ha tenido conocimiento del malestar de un profesional de la hostelería trasladado al Valle de Arán. Su hijo ha de estudiar en aranés.
El padre no se plantea denunciar; simplemente está buscando otro trabajo fuera de allí. Se da la paradoja de que en Cataluña se puede estudiar en inglés, francés o alemán, pero no se puede hacer en castellano.
POLICíA Lingüística
Tras erradicar el castellano de la escuela, el objetivo actual de la Generalitat es proscribirlo del comercio. Para ello se ha puesto en marcha una policía lingüística, dependiente del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo, a cargo del conseller Josep Huguet, de Esquerra Republicana de Cataluña.
Según nota de prensa oficial de la Generalitat, “la Agencia Catalana de Consumo ha realizado en 2004 un total de 1.401 inspecciones, un 400% más que las 348 efectuadas durante el año 2003”. Todos aquellos comercios que tienen sus rótulos en castellano son multados.
Un restaurante chino de Lérida ha sido multado por no tener carta en catalán. El conseller Huguet señala que “las leyes están para cumplirse”. Curioso criterio si está dicho por quien ha quitado la bandera española de la sede de su conselleria.
La labor inquisitorial de la Agencia Catalana de Consumo se sigue incrementando. En lo que va de 2005, “ya se han denunciado 145 irregularidades”.
Esta grave agresión al derecho de propiedad, que no ha merecido ninguna crítica ni de la patronal -que preside Juan Rossell- ni de las cámaras de comercio, se hace en nombre de “los derechos lingüísticos”, supuestos derechos colectivos que recuerdan el lenguaje de los nazis. Mal parece que se fomente el comercio y el turismo poniendo multas a los comerciantes.
De hecho, es el comercio minorista el más castigado: un 27% de las denuncias se refieren a establecimientos de venta al detalle, un 23% de Correos y un 15% a establecimientos de hostelería y turismo. Supermercados y grandes superficies acaparan el 9% de las denuncias y las administraciones de loterías, un 3%.
La Generalitat propugna y fomenta el ánimo delator. Así se resalta que “las denuncias de ciudadanos que han llegado a la agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable”: de seis en 2002 a 241 en 2003, y a 367 en 2004.
Esquerra Republicana distribuye entre sus afiliados formularios de denuncia dentro de campañas selectivas. Ahora el objetivo son las delegaciones y administraciones del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. La llegada del tripartito ha disparado el sectarismo.
Mientras en 2003 las multas de la policía lingüística representaron 2.833 euros, en 2004 se elevaron a 52.800.
Las multas en firme por 29 expedientes resueltos del primer trimestre de 2005 representan 25.617 euros, cifra que será muy superior cuando culminen los otros 129 expedientes incoados. éPOCA ha conseguido hablar con los dueños de dos de los establecimientos multados.
En un caso, un cibercafé de Barcelona, cuyos usuarios son, en su mayoría, castellanoparlantes. Y un establecimiento hostelero de Tarragona. En ambos casos solicitaron que no se facilitara ni su nombre ni el de sus establecimientos.
Para el visitante de Barcelona, una ciudad que fue emporio de la burguesía, la opresión de la Generalitat resulta especialmente chocante, porque el uso del castellano en las calles es habitual y la convivencia lingüística es un hecho, salvo para los grupos más radicales, entre los que no sólo está Esquerra, sino también el PSC, aunque con tensiones internas, como las que se han desatado con las Juventudes Socialistas de Llobregat, que amenazan con abandonar el partido ante su deriva nacionalista.
“Los jóvenes siguen hablando en castellano, pero lo van a hacer mal”, señala un docente. Las mismas multas de la policía lingüística demuestran que no se trata de un proceso de orden espontáneo -la Cataluña real no hace cuestión- sino de una imposición administrativa, típica de los procesos de ingeniería social totalitaria.
CONTRA LAS EMPRESAS
La policía lingüística ha empezado a girar inspecciones a las empresas para obligarlas a que sus comunicaciones externas e internas sean exclusivamente en catalán.
Esta estrategia política es contraria a la racionalidad económica, y constituye un factor de empobrecimiento y una prima a la deslocalización de las multinacionales.
ALDEANIZACIÓN Y DESLOCALIZACIÓN
El factor de aldeanización de esta limpieza lingüística -que está en el inicio de un proceso totalitario nacionalista más amplio- ha hecho que, por ejemplo, la prestigiosa Universidad de Chicago haya decidido cerrar su sucursal en Barcelona, cansada del proceso de “catalanización”. partido ante su deriva nacionalista. “Los jóvenes siguen hablando en castellano, pero lo van a hacer mal”, señala un docente.
Las mismas multas de la policía lingüística demuestran que no se trata de un proceso de orden espontáneo -la Cataluña real no hace cuestión- sino de una imposición administrativa, típica de los procesos de ingeniería social totalitaria.
El nuevo Estatuto no sólo representa un fuerte impulso a la limpieza lingüística; también pretende convertir el catalán en cooficial en todo el Estado español. De esa forma, se establece que “los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos jurisdiccionales de ámbito catalán”.
También el catalán se establece como criterio de exclusión. Ningún notario, registrador de la propiedad, juez, fiscal o funcionario de Justicia que no sea catalanoparlante podrá trabajar en Cataluña.
Este proceso totalitario, como cualesquiera de los históricos precedentes, se desarrolla entre el miedo de la población afectada y el silencio exterior. Es una realidad de persecución que se oculta púdicamente al resto de España
La responsabilidad de Aznar

UNA fecha estelar de la opresión que sufren los ciudadanos de Cataluña a manos de la Generalitat es el 7 de enero de 1998. Ese día se aprobó la Ley de Política Lingüística.
Fue la primera modificación espuria de la Constitución, en concreto de su artículo 3. Se pasó de la cooficialidad a un régimen de monolingüismo territorial.
Ante la total pasividad de los partidos políticos, Convivencia Cívica Catalana presentó ante el Defensor del Pueblo -Fernando álvarez de Miranda en aquellos momentos- la solicitud de interposición de un recurso de inconstitucionalidad, en base a un dictamen elaborado por Tomás Ramón Fernández.
El Defensor del Pueblo encargó sus propios dictámenes y comunicó a Convivencia Cívica la decisión de presentar el recurso, a la vista de la unanimidad -respecto a la inconstitucionalidad- de tres prestigiosos juristas: Sebastián Martín Retortillo, Antonio López-Pina y Jesús Prieto de Pedro.
Una filtración desde la oficina del Defensor alertó a Jordi Pujol, quien encargó a Miguel Roca que solicitara de los padres de la Constitución informes favorables. Sólo se prestó Miguel Herrero de Miñón, quien en 24 horas emitió un informe favorable a la constitucionalidad.
La Generalitat envío dos emisarios a entrevistarse con Fernando Alvarez de Miranda, a quien amenazaron con romper el pacto de gobernabilidad y con que no podían responder de lo que hiciera “la calle”. Lo que terminó por decidir al Defensor del Pueblo para dar marcha atrás en su decisión fue la llamada de José María Aznar para ordenarle que no presentara el recurso.
Aznar gobernaba gracias a los parlamentarios de Pujol y el poder pudo más que cualquier principio. El recurso, ya redactado, fue a parar a la papelera.